Tras cinco años de pleitos y 18 meses de negociaciones supervisadas por un tribunal, una juez federal dio el pasado miércoles la aprobación final a un acuerdo de 626 millones de dólares para compensar a las víctimas de la crisis del agua de Flint (Míchigan). Los habitantes de esa ciudad del norte de Detroit han vivido la mayor crisis de salud pública conocida en la historia de Estados Unidos. En su mayoría ciudadanos negros, los residentes de la ciudad no tuvieron agua potable segura desde 2014, coincidiendo con la decisión de las autoridades de empezar a consumir agua del río Flint como medida de ahorro.
Asimismo, la ausencia de un tratamiento correcto de las aguas corrosivas provocó la presencia de metales (plomo) procedentes de las viejas tuberías y, por lo tanto, la contaminación acuífera. A principios de 2016, la situación de familias, hospitales y colegios era tan trágica, que el entonces presidente Barack Obama se vio forzado a declarar el estado de emergencia a nivel federal.
Desde entonces, la vida de los residentes de Flint ha sido un infierno en el que han tenido que beber y lavarse con agua embotellada, además de sufrir enfermedades provocadas por la toxicidad del agua. En un documento de 178 páginas, la juez Judith Levy describió el acuerdo como “un logro notable por muchas razones, una de las cuales es que establece un programa de compensación integral”.
El acuerdo pone dinero a disposición de los niños de Flint que estuvieron expuestos al agua, los adultos que puedan demostrar una lesión, ciertos dueños de negocios y cualquiera que haya pagado las facturas del agua supuestamente potable. Se estima que aproximadamente el 80% de lo que quede después de los honorarios legales se destinará a los menores de edad.
Sin embargo, para la exalcaldesa de Flint Karen Weaver el acuerdo es más que criticable. “¡La cantidad otorgada por la juez no refleja ni de lejos el valor de las vidas de Flint! ¡Esto es una bofetada a los residentes de esta ciudad!”, afirmó en su cuenta de Twitter.